Instituto lingüístico de invierno

El punto 9 de las Conclusiones generales del Informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) consigna:

La CVR ha constatado que la tragedia que sufrieron las poblaciones del Perú rural, andino y selvático, quechua y asháninka, campesino, pobre y poco educado, no fue sentida ni asumida como propia por el resto del país; ello delata, a juicio de la CVR, el velado racismo y las actitudes de desprecio subsistentes en la sociedad peruana a casi dos siglos de nacida la República.

El hecho de poner esta cita no es el de llamar la atención sobre el calificativo “poco educado” sino recordar que el mayor número de víctimas estuvo en quienes tenían en el quechua o en el asháninka su lengua materna. Lo que les tocó a los pueblos indígenas durante el conflicto fue terrible. Carlos Iván Degregori ha señalado que “si la violencia hubiera tenido en todo el territorio nacional la misma intensidad que tuvo entre los asháninka, hubieran muerto alrededor de 2 millones de peruanos y peruanas. Un verdadero holocausto.” El no ser concientes de nuestra diversidad nos ha llevado a situaciones dolorosas. Si no queremos que se repitan esas historias de dolor es impostergable “una meta general, que es la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe” (Comisión de la Verdad y de la Reconciliación). El reconocimiento de la diversidad lingüística y el reconocer que las distintas lenguas que se hablan en un territorio están en pie de igualdad es, sin duda, un paso importante y ese paso se ha dado en Ayacucho donde se reconocen como oficiales al asháninka y al quechua. Sobre esto nos habla Manuel Valdivia.

Reflexiones sobre la oficialización del quechua y asháninka en Ayacucho

A la doctora Inés Pozzi Escot

Manuel Valdivia Rodríguez

El 18 de marzo pasado fue promulgada la Ordenanza Regional N° 010 del Gobierno Regional de Ayacucho, que dispone la oficialización del quechua y el asháninka en la región. Esta ordenanza constituye sin duda un paso muy importante en la vida social y cultural no solo del ámbito regional sino del país. Pero más que expresar el inocultable contento que sentimos, conviene hacer algunas reflexiones orientadas a apoyar decididamente lo dispuesto.

1. La ordenanza se sostiene en razones pocas veces mencionadas cuando se trata de las lenguas indígenas, y en ello reside una parte de su inmenso valor. En el segundo considerando afirma que la decisión toma en cuenta el artículo N° 8 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que los compro­mete a “promover la inclusión económica, social, política y cultural … de grupos tradicionalmente excluidos y marginados del Estado” con acciones que “buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación”. Así, la ordenanza destaca razones de justicia con las personas, lo cual es más loable que hablar de recuperación de lenguas o de su valor cultural–que lo tienen- pero que es secundario cuando se trata de la reivindicación de pueblos que han sufrido por siglos explotación, postergación y violencia.
2. Otro considerando de la ordenanza “reconoce la necesidad pública de oficializar las lenguas aborígenes en la educación, la salud, la promoción del desarrollo y otras esferas de la política, la sociedad y la cultura, favoreciendo la integración de miles de compatriotas nuestros a la vida pública de Ayacucho”. Así, con notable osadía, el gobierno regional de Ayacucho inicia rumbos nuevos. No se trata ya de impulsar el uso de las lenguas indígenas solo en los procesos educativos, como se ha pretendido siempre con la educación intercultural bilingüe. La intención va más allá, buscando que el quechua y el asháninka sean usados en campos como la salud (en la acción de médicos, enfermeras, obstetrices o técnicos sanitarios cuando se relacionan con pacientes que hablan lenguas indígenas); que sean empleados en la promoción del desarrollo (por ingenieros, promotores, técnicos, extensionistas, trabajadores sociales, personal de ONG, etc. en su trato con los comuneros agricultores, pastores, comerciantes); que estén presentes en acciones de promoción cultural (en publicaciones, en presentaciones de teatro, o en los mensajes de la televisión y radio); en la vida pública en general, lo cual supone que sean usadas en las oficinas de gobierno, en la administración de justicia, en todas las esferas de la vida pública. Porque eso es, y no otra cosa, oficializar el quechua y el asháninka. La intención es de veras ambiciosa, pero no hay otro modo de conseguir la inclusión de los pueblos indígenas que favoreciendo la comunicación en las lenguas en que hablan y piensan.

Lamentable­mente, el propio sistema ha levantado barreras contra este empeño. La exclusión que sufrieron los niños y jóvenes indígenas por causa de una educación que ignoraba sus lenguas y sus realidades ha hecho que ahora tengamos tan pocas personas con formación superior que manejen fluidamente el castellano y sepan leer y escribir una lengua ancestral. La misma educación ha producido las carencias que ahora sufrimos.

Por eso es explicable que el gobierno regional disponga –como lo hace en el artículo tercero- que se diseñe un Plan de Acción Progresiva para el conocimiento del quechua y el asháninka, para que los funcionarios públicos, como siempre seleccionados entre hablantes del castellano, aprendan una u otra lengua indígena. Esto va a ser difícil, no cabe duda, porque nadie puede aprender por obligación, pero puede ser factible si ellos comprenden la trascendencia social de esta medida. Aunque, justo es decirlo, no son los funcionarios públicos los únicos que deben proponerse este aprendizaje.

1. Cuando el quechua y el asháninka ingresen a la vida pública, los padres de familia comprenderán por qué es necesaria la educación intercultural bilingüe. Hasta ahora es comprensible su actitud de resistencia. Si la lengua que hablan con sus hijos es empleada solo en la vida familiar y en las faenas cotidianas ¿por qué habría que incluirla en la escuela?. Con un realismo explicable, no escuchan los argumentos psicopedagógicos que manejamos los técnicos. Pero si su lengua les sirve para poner una denuncia policial, para escribir un recibo, para recibir un mensaje estatal, para todo lo que es la actividad pública, entonces verán que cuan importante es la lengua con que expresan su cariño o imponen su rigor y aceptarán con mejor ánimo que esta forme parte de la educación.
2. El gobierno regional ha establecido plazos para ciertas acciones. Pero no es este un caso que se pueda resolver con lo que se haga en noventa días. Se ha de necesitar de más tiempo, y en ese lapso mayor tendremos que participar cuantos podamos apoyar. Es tanto lo que se puede hacer que siempre habrá alguna ventana para intervenir. Pueden bastar algunos ejemplos:

– Conviene la mayor difusión de la ordenanza. Una fuente para obtener una copia es la siguiente dirección: www.chirapaq.org.pe/pdf/mar2008.pdf

– Es preciso que exista material escrito en quechua y en asháninka: Manuales con temas agropecuarios, de salud, de preparación de alimentos, de conservación del ambiente; formularios de los usados en la administración; formatos para la redacción de cartas, recibos, facturas, etc. Todo esto ya existe en castellano y su traducción es posible.

– Las instituciones que tienen material en quechua o asháninka para el uso de sus propios proyectos pueden compartirlo con otras. Para este efecto puede bastar con que el gobierno regional, la DRE, un organismo de cooperación o alguna otra institución de la sociedad civil construya una página WEB como un centro virtual de documentación o de recursos, con material que pase a ser de dominio público, como se dice con la necesaria mención de la fuente.

– Es posible realizar actividades de inducción a la lectura y producción de textos en las lenguas indígenas ahora oficiales, aprovechando una situación muy generalizada: Muchísimas personas (profesionales, estudiantes de secundaria, miembros, en general, de la comunidad ayacuchana) hablan quechua o asháninka como lengua materna y aprendieron a leer y escribir en castellano. No es difícil que transfieran sus capacidades de lectura y escritura a la lengua indígena que hablan; solo se necesita que se den las oportunidades y se provea de las orientaciones necesarias. Las acciones pueden tener formas de concurso (recuperación de decires, refranes, adivinanzas, letras de canciones) o formas de entretenimiento (crucigramas, palabras cruzadas, “sopa de letras”, “tutti fruti”) que pueden ser impresas y distribuidas por la prensa o entregadas junto con el menú de los restaurantes o en los paraderos de los ómnibus, etc. ¿Por qué no avivar la imaginación e inventar actividades con el propósito de que la gente lea y escriba en quechua y asháninka transfiriendo a estas lenguas lo que sabe hacer en castellano.

– Puede ser útil publicar vocabularios especializados –sin la pretensión todavía de que sean diccionarios- con equivalencias en los dos sentidos; vocabularios gráficos (ilustración y palabra -o palabras); ayudas, en fin, para que todos lean y escriban en las lenguas ahora oficiales.

– Etcétera.

5. Todo lo anterior puede chocar con obstáculos levantados por académicos y personas poco informadas, obstáculos que han perjudicado especialmente la producción de material en quechua . Uno de ellos tiene relación con la inacabable discusión sobre el alfabeto. Han pasado ya varias décadas en que se discute si son solo tres o son cinco las vocales, si conviene la cc o la q, si es mejor la j que la h, y mientras tanto no se produce el material que podría estar en manos de los lectores (estudiantes que aprenden a leer en su lengua pero no tienen textos que leer, profesores que no disponen de fuentes para su trabajo, público en general, que, entre otras cosas, debiera conocer la riqueza de la literatura quechua y llegar al convencimiento de que la lengua y la cultura quechuas tienen enorme valor) . De una vez hay que pensar que el alfabeto no reproduce con fidelidad los sonidos de la lengua, que lo escrito no es sino un “disparador” de lo oral, casi una ayuda mnemotécnica. Es bueno recordar que si, por ejemplo, alguien pretendiera pronunciar el inglés o el francés tal como lo indican las grafías del texto terminaría por hablar de modo ininteligible en esas lenguas. Tenemos ya un alfabeto oficial que basta para que podamos seguir adelante. Y escribir, escribir mucho: crear, recoger testimonios, registrar conocimientos, traducir, trabajar versiones, todo en base a ese alfabeto, porque no hay nada peor para un lector –sobre todo si es aprendiz- que leer textos con ortografías distintas, que es lo que sucede ahora que cada quien escribe como cree que debe ser.

Caso similar ocurre con el uso de palabras castellanas que no tienen equivalente en quechua o asháninka. Llegado el caso habrá que superar el temor a los prestamos, como en el caso citado por Gledy Mendoza, investigadora de la Escuela Nacional de Folklor José María Arguedas: “A la hora d hablar de derechos con un dirigente campesino no va a estar complicándose la vida buscando la forma de expresar el concepto con una frase quechua, sino que hablaría de dirichuninchik: nuestro derecho. Se quechuizaba y se acabó el asunto”.

Será así y hay que asumirlo. Con el tiempo se irán aquietando las aguas y la propia lengua irá tomando sus formas, como ha sucedido con todas las lenguas en que ahora se escribe. Al respecto, es bueno citar a la estudiosa boliviana Dina Cárdenas: “…si tú incorporas a la misma gente, se lanzarán a hacerlo, porque aman lo suyo y son conscientes de los riesgos que corren. No es un pleito de lingüistas; es una decisión de los dueños y usuarios de la lengua[1]”.

1. No es posible soslayar un defecto en la ordenanza: en el artículo séptimo dispone la incorporación obligatoria de “cursos de Quechua y Asháninca desde el primer grado de Educación Primaria hasta el Quinto año de Educación Secundaria”. Eso parece excelente, pero, así como está, parece pensando sólo para las escuelas monolingües en castellano. Muy atinado hubiera sido que en este artículo penúltimo se reiterara la obligación de desarrollar la educación ayacuchana con las formas y métodos de la Educación Intercultural Bilingüe, establecida ya por la Ley General de Educación N° 28044. Esta educación tendría, como es natural, modos distintos según la lengua materna de los niños: intercultural bilingüe para los niños que hablan castellano; intercultural bilingüe para los niños que hablan quechua o asháninka. Y además sería intercultural bilingüe incluso en los institutos pedagógicos y otros centros de formación profesional. ¿Cómo se haría en cada caso? Este es un asunto que debemos analizar y resolver con la participación de los expertos en EIB para llegar a puntos más concretos que las declaraciones siempre líricas.

Final: No debe pasar de nuevo lo que sucedió con la oficialización del quechua en los 70’. Esta debe ser ocasión para que se inicie una etapa en el duro trajín de trabajar por la inclusión de las personas que hablan lenguas distintas del castellano, pervivientes desde tiempos ancestrales. Es bueno por muchas razones que el paso se haya dado en Ayacucho. Una de ellas es que allí, en Quinua, se desarrolló una de las experiencias pioneras de la educación bilingüe en el Perú, cuando era directora del Centro de Investigación en Lingüística Aplicada (CILA), de la UNMSM, nuestra siempre recordada Inés Pozzi Escot, a cuya memoria he querido dedicar este artículo escrito con verdadera esperanza.

Lima, abril de 2008

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